El Ayuntamiento de Humilladero ha aprobado por mayoría, con los votos favorables de IU y PSOE y en contra del PP, la puesta en marcha de un código ético en la utilización de excedentes alimentarios. La moción propone elaborar un informe sobre las prácticas de las grandes superficies comerciales de destrucción de alimentos básicos antes de su caducidad y estudiar las aplicaciones penales a estas conductas que, según el texto de la moción, se realizan diariamente por la mayoría de las grandes superficies en nuestro país.
Uno de los puntos de la moción, además, es impulsar en todas las Fiscalías de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, actuaciones en sus ámbitos de competencia sobre estos hechos.
Asimismo, se insta a las instituciones democráticas y de la sociedad civil; ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, asociaciones de consumidores, sindicatos agrarios, bancos de alimentos, etc, a cooperar activamente con la Fiscalía en estas investigaciones.
La moción advierte de que en nuestras ciudades y municipios de mayor población existen grandes superficies comerciales y es notorio que alimentos de primera necesidad son arrojados diariamente a la basura un día o dos días antes de que caduquen y dejen de ser aptos para el consumo humano. Al mismo tiempo la pobreza y la exclusión social se incrementan en nuestro país y en Europa. Se suman ya los más de 122 millones de personas en la pobreza, en España más de 10 millones con la suela del hambre física.
“Nuestra legislación penal y lo establecido en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, regulan los delitos de genocidio, de crimen contra la humanidad, de denegación de auxilio ante estados de extrema necesidad y otros preceptos de aplicación en estos casos. No es de recibo ni jurídica, ni política, ni social, ni éticamente se destruyan miles de kilos de alimentos de primera necesidad en una sociedad que cuenta con cientos de miles de familias pasando hambre física”, advierte el texto aprobado en el Ayuntamiento de Humilladero.
La primera obligación constitucional del Gobierno de España es garantizar la alimentación y la salud de la población.
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