El Ayuntamiento de Humilladero ha aprobado en pleno con los votos a favor de IU y PSOE y en contra del PP, una moción en la que pide un diagnóstico y actuaciones conjuntas desde la Diputación y los Ayuntamientos sobre los numerosos desahucios de viviendas que se están produciendo en los últimos meses, así como moratorias ante la complicada situación económica.
El texto pide que desde la Diputación provincial se cree una comisión especial mixta en la que participen además, los ayuntamientos de la provincia, así como otros colectivos y organizaciones de afectados, con el cometido de abordar la problemática de las personas desahuciada en la provincia de Málaga y diseñar medidas que presenten alternativa a la actual situación.
Asimismo, se señala como primeras tareas de esa Comisión, realizar un diagnóstico participado sobre la problemática de los desahucios en la provincia, con el objeto de diseñar mediada a impulsar desde el ente provincial y los ayuntamientos, de manera compartida, que propicien alternativas para las personas desahuciadas por motivos económicos.
La moción pide instar al Gobierno central a que, tal y como vienen proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la duda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otro países de la UE o en EEUU.
También se insta al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.
Para los miles de desahucios ya producidos, se insta al gobierno a que se aprueben con carácter de urgencia, medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
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